ALMO.- 18 de Marzo de 2014.- Paraguay se ha unido esta semana a la
lista de países que apuestan por las
asociaciones público-privadas para dar un salto en infraestructura, un
mecanismo en boga en América Latina para superar los "cuellos de
botella" en carreteras, aeropuertos y redes eléctricas.
El Gobierno paraguayo concluyó el
reglamento que regirá esas asociaciones y adelantó algunos proyectos
prioritarios, como el dragado y mantenimiento del Río Paraguay, por el que sale
el 80 % de sus exportaciones.
Con ello quiere emular a naciones
como Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, que cuentan con los marcos
normativos más desarrollados en América Latina para combinar inversiones
públicas y privadas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En 2012, ese mecanismo canalizó
87.000 millones de dólares en la región, en 78 proyectos, desde plantas solares
hasta tendidos eléctricos y tratamiento de aguas, según los últimos datos del
Banco Mundial.
Brasil recibió el 78% de la
inversión total, que provino de empresas brasileñas, seguidas de españolas y
mexicanas.
Según el modelo de las alianzas
público-privadas, las compañías ponen sobre la mesa capital para las obras y en
compensación reciben la concesión de su gestión durante un período de tiempo
determinado.
El cobro de tasas por servicios
públicos es la principal fuente de crítica.
En Paraguay, sindicatos y
partidos de izquierda se oponen a las alianzas por considerarlas "una
privatización disfrazada" y demandarán su eliminación en una huelga general
convocada para el próximo 26 de marzo, junto con otras reivindicaciones.
En América Latina,
administraciones de izquierda en Brasil, Chile y Uruguay han impulsado las
asociaciones, como ha apuntado en su defensa el Gobierno paraguayo, del
conservador Horacio Cartes.
No así los Gobiernos que
potencian una mayor intervención del Estado en la economía, como los de
Venezuela o Ecuador.
La planificación estatal fue el
camino escogido por la región en los años 70, pero la consecuencia fue una
insostenible deuda pública que desembocó en la "década perdida" de
crisis de los 80.
En los 90, la región dio un
bandazo a la derecha y se centró en las privatizaciones, con la expectativa de
que la inversión privada reemplazaría a la pública.
Sin embargo, los índices de
inversión siguieron muy por debajo de las tasas asiáticas y el crecimiento
económico fue decepcionante. Las alianzas público-privadas son
una especie de término medio entre esos dos polos. Conscientes de sus limitados
recursos para dar respuesta a las grandes necesidades de infraestructura
acumuladas, muchos gobiernos han abierto las puertas al trabajo junto con la
iniciativa privada.
En Paraguay, por ejemplo, el
Ministerio de Obras Públicas estima que el país necesita una inversión de unos
1.000 millones de dólares al año durante una década para subsanar su atraso en
infraestructura, pero actualmente solo dedica 200 millones.
El asesor jurídico de la
Presidencia, Marcelo Duarte, admitió esta semana que en Paraguay hay muchas
obras que comienzan a presentar fallas al poco de inaugurarse por su baja
calidad.
En cambio, con las nuevas
alianzas, la empresa encargada de la construcción es la concesionaria de la
presa o el aeropuerto, por lo que tiene un interés en hacer la obra lo mejor
posible.
Para los empresarios, la
participación pública en los proyectos reduce el riesgo de la inversión y
facilita, por ejemplo, las expropiaciones de tierra para la ampliación de una
carretera, por ejemplo, según Duarte.
Pero esta modalidad de contratos
también entraña riesgos, según ha apuntado el Fondo Monetario Internacional
(FMI), que pidió recientemente a Paraguay controlar su impacto potencial en las
finanzas públicas.
El reglamento divulgado esta
semana establece un límite de endeudamiento del Estado del 2 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) para llevar a cabo esos proyectos.
El FMI también aconsejó a su
Gobierno garantizar que el proceso sea "transparente y abierto", una
recomendación siempre pertinente en un país donde abundan los casos de
corrupción.
